La democracia necesita controles. Necesita una justicia independiente, unos medios de comunicación vigilantes y mecanismos eficaces que garanticen que quien ejerce el poder público responda de sus actos. Sin esos contrapesos, la democracia se debilita. Son una garantía para los ciudadanos y una condición indispensable para la salud institucional de cualquier país.

Pero también conviene preguntarse qué ocurre cuando esos mecanismos dejan de ser una herramienta de control para convertirse en un instrumento de confrontación política. ¿Qué sucede cuando el péndulo se desplaza hasta el extremo de que cualquier decisión pública puede terminar cuestionada en los tribunales? ¿Qué consecuencias tiene para la propia democracia una judicialización creciente de la vida política?

España lleva años instalada en un clima de tensión permanente. La polarización ha alcanzado niveles preocupantes y el debate público se ha ido contaminando por una lógica de bloques en la que el adversario político deja de ser alguien con quien discrepar para convertirse en alguien a quien derrotar a cualquier precio. En ese escenario, los tribunales han pasado a ocupar un espacio cada vez más central en la batalla política.

No es un fenómeno completamente nuevo. Nuestra democracia ya conoció episodios similares durante los años finales del felipismo, cuando la confrontación política alcanzó cotas extraordinarias y numerosos actores consideraron legítimo utilizar todos los resortes a su alcance para acelerar el desgaste del Gobierno. Sin embargo, la intensidad actual parece haber llevado esta dinámica a una nueva dimensión.

Desde 2018 se han multiplicado las denuncias, querellas, investigaciones y procedimientos que afectan a responsables políticos, especialmente vinculados al partido que ocupa el Gobierno. Muchas de estas actuaciones responden, sin duda, a la obligación de investigar posibles irregularidades. Pero otras nacen de sospechas que posteriormente no prosperan o de acusaciones cuya relevancia penal acaba diluyéndose con el paso del tiempo.

El problema no radica en que la justicia investigue. Ese es precisamente su deber. El problema surge cuando la apertura de una investigación se convierte, por sí sola, en una condena pública. Cuando la mera sospecha adquiere más importancia que el desenlace judicial. Cuando la exposición mediática de una denuncia produce efectos políticos irreversibles aunque, años después, los tribunales concluyan que no existía delito alguno.

En esas circunstancias, la cuestión deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un asunto profundamente democrático.

¿Qué mensaje recibe quien contempla dedicarse al servicio público? ¿Qué piensa un alcalde, un concejal, un director general o un ministro cuando observa que cualquier firma, cualquier expediente o cualquier decisión administrativa puede terminar años después bajo escrutinio judicial? ¿Qué incentivo existe para asumir responsabilidades si el riesgo personal y reputacional es tan elevado?

La consecuencia más preocupante es que la política puede acabar desarrollándose bajo el miedo. Miedo a decidir. Miedo a innovar. Miedo a asumir riesgos. Miedo a firmar.

Y una democracia gobernada desde el temor es una democracia menos eficaz.

No se trata de reclamar impunidad ni de debilitar los controles institucionales. Todo lo contrario. La transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de la actividad pública son pilares irrenunciables de cualquier sistema democrático. Pero una cosa es vigilar el ejercicio del poder y otra muy distinta convertir cualquier discrepancia política en una batalla judicial.

Cuando la política abandona los parlamentos para instalarse de forma permanente en los juzgados, todos perdemos algo. Se degrada el debate público, se erosiona la confianza en las instituciones y se transmite a la ciudadanía la sensación de que toda actividad política es sospechosa por definición.

Sin embargo, el mayor riesgo puede ser otro.

Si esta dinámica continúa, llegará un momento en que muchos de los ciudadanos mejor preparados para asumir responsabilidades públicas opten simplemente por no hacerlo. Profesionales cualificados, académicos, empresarios, funcionarios o expertos que podrían aportar experiencia y conocimiento a la gestión pública concluirán que el coste personal, familiar y profesional resulta demasiado alto.

Y entonces habremos llegado a la paradoja más inquietante de todas.

En nombre de la vigilancia permanente sobre quienes gobiernan, habremos construido un sistema capaz de disuadir precisamente a quienes podrían mejorar la política.

Porque una democracia fuerte necesita controles. Pero también necesita servidores públicos dispuestos a dar un paso al frente. Y ninguna democracia puede permitirse el lujo de convertir a todos ellos en sospechosos potenciales.