El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una nueva fase de negociación con las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación autonómica, un proceso que ya fue impulsado en etapas anteriores y que ahora se reactiva con la apertura de reuniones bilaterales con todos los gobiernos regionales.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha remitido una carta a todas las consejerías de Hacienda de las comunidades de régimen común, así como a Ceuta y Melilla, para concertar encuentros de forma inmediata. El objetivo es reactivar un debate pendiente desde hace años y avanzar hacia un nuevo modelo que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que finalice 2026.

Esta nueva ronda de contactos se produce después de un intento previo de reforma en el que se trabajó bajo la dirección de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin que se lograra un acuerdo definitivo entre comunidades. En esta ocasión, el Gobierno busca retomar el diálogo con una estructura de negociación más directa y bilateral.

Las reuniones estarán coordinadas por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y podrán celebrarse tanto de forma presencial como por videoconferencia, en función de la disponibilidad de cada comunidad autónoma.

Según los cálculos del Ejecutivo, el nuevo modelo de financiación permitiría incrementar en 20.975 millones de euros los recursos del sistema autonómico, elevando el volumen total distribuido hasta los 224.507 millones en 2027. Esta cifra contrasta con los 152.484 millones recibidos por las comunidades en el último ejercicio liquidado, correspondiente a 2023.

Más autonomía fiscal y refuerzo de la solidaridad

La propuesta del Gobierno plantea una reforma profunda del sistema basada en nuevos criterios de reparto y en el refuerzo de la autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Entre los principales cambios figura la actualización del criterio de población ajustada, que incorporará nuevas variables para reflejar con mayor precisión las necesidades reales de cada territorio. También se contempla un incremento de la capacidad tributaria autonómica, con el objetivo de reforzar la corresponsabilidad fiscal.

Uno de los elementos más destacados del nuevo modelo es la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pequeñas y medianas empresas en sus territorios, una medida que busca reforzar su capacidad de gestión y financiación.

El sistema, según el Ministerio, también refuerza los mecanismos de solidaridad interterritorial mediante un esquema de nivelación horizontal y aportaciones adicionales del Estado destinadas a garantizar la financiación de servicios públicos esenciales como sanidad, educación y políticas sociales.

Un debate estructural pendiente desde hace años

La financiación autonómica es uno de los grandes debates estructurales del Estado autonómico en España y acumula varios años de bloqueo político. El modelo vigente, aprobado en 2009, ha sido criticado de forma recurrente por su complejidad y por las diferencias en la distribución de recursos entre comunidades.

En este contexto, la nueva fase de negociación se interpreta como un intento de reactivar un acuerdo político de amplio alcance, aunque el propio Ejecutivo reconoce la dificultad de alcanzar un consenso entre territorios con intereses muy distintos.

El Ministerio de Hacienda ha planteado un calendario que incluye reuniones bilaterales inmediatas, seguidas de la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, paso previo a la aprobación del proyecto de ley y su remisión al Congreso.

Si el calendario se cumple, el nuevo sistema podría entrar en vigor el 1 de enero de 2027.