La proposición de ley foral de UPN sobre conciertos educativos presenta visos de inconstitucionalidad al invadir competencias atribuidas a las administraciones educativas y afectar al artículo 27 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental a la educación.

Así lo recoge el informe de disconformidad elaborado por el Departamento de Educación, cuyas principales conclusiones ha avanzado el consejero Carlos Gimeno en rueda de prensa. En su intervención, ha advertido de las “gravísimas consecuencias” que podría acarrear la aprobación de esta iniciativa.

Impacto en el proceso de admisión

Según ha explicado Gimeno, la propuesta de UPN plantea reducir las ratios en la educación concertada y, al mismo tiempo, mantener las unidades actuales tanto en la red pública como en la concertada. Esto impediría la creación de nuevas unidades y afectaría directamente al proceso de admisión del curso 2026-2027.

En concreto, habría que rehacer la adjudicación de plazas en 1º de Infantil (3 años) en centros concertados, aplicando una ratio máxima de 23 alumnos por aula frente a los 25 actuales. Esto reduciría las vacantes disponibles y podría dejar sin plaza a alumnado que ya la tenía asignada.

El consejero ha advertido de que “el número total de afectados es impredecible”, ya que el proceso de admisión tendría que repetirse con menos plazas disponibles.

Esta situación afectaría a centros como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia o Miravalles en Pamplona y su comarca, así como a Compañía de María en Tudela.

Consecuencias en la red pública

El impacto también alcanzaría a la red pública. Según Educación, en centros donde la demanda permitiría ampliar unidades, no se podrían crear nuevas plazas, lo que provocaría desplazamientos de alumnado.

Como ejemplos, Gimeno ha citado el colegio público Huertas Mayores de Tudela, donde 17 alumnos se quedarían sin plaza, o el centro de Falces, donde no se podría abrir una unidad del modelo D solicitada por 13 familias.