La Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento de Navarra ha aprobado una resolución en la que se insta al Gobierno foral a desarrollar una planificación territorial, ambiental y agronómica para el sector del biogás y el biometano en la Comunidad Foral.

La iniciativa, impulsada por UPN, salió adelante con los votos favorables de UPN, EH Bildu, PPN y Contigo-Zurekin, mientras que PSN y Geroa Bai optaron por la abstención.

La resolución considera necesario establecer criterios claros para ordenar la implantación de este tipo de instalaciones y garantizar una gestión equilibrada desde el punto de vista territorial, ambiental y agrario.

Una planificación para ordenar el desarrollo del sector

El primer punto aprobado reclama al Ejecutivo foral la elaboración de una planificación específica que incluya criterios objetivos de implantación de proyectos.

Entre los aspectos que se pide regular figuran los límites de capacidad por zonas, la gestión de digestatos, la planificación logística, la evaluación acumulativa de impactos y la participación de municipios y ciudadanía en los procesos de decisión.

La resolución plantea que esta planificación permita disponer de un marco de referencia claro para el desarrollo futuro del biogás y el biometano en Navarra.

Solicitud de un informe detallado sobre los proyectos

La Cámara también ha acordado instar al Gobierno de Navarra a remitir un informe completo sobre todas las actuaciones realizadas desde la aprobación de la moratoria.

Ese documento deberá recoger el estado actualizado de los proyectos existentes, las autorizaciones concedidas, suspendidas o anuladas y las declaraciones de interés foral tramitadas hasta la fecha.

Asimismo, se solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad jurídica, ambiental y territorial de las iniciativas relacionadas con el biogás y el biometano.

Reclaman la convocatoria de la mesa intersectorial

Otro de los acuerdos aprobados solicita al Ejecutivo que convoque de manera efectiva la mesa intersectorial prevista durante la tramitación de la moratoria.

La resolución plantea que en ese órgano participen ayuntamientos, concejos, entidades locales, organizaciones agrarias, cooperativas, universidades, expertos técnicos, plataformas vecinales y representantes del sector.

El objetivo es avanzar en la definición de un modelo de desarrollo que sea ordenado, transparente y territorialmente equilibrado.