El Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una resolución para instar al Gobierno foral a elaborar un análisis integral sobre el impacto de los Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) en la Comunidad Foral.

La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, mientras que el Grupo Mixto y la parlamentaria no adscrita han votado en contra.

La resolución plantea estudiar el impacto económico, laboral, energético, hídrico y medioambiental de este tipo de instalaciones tecnológicas, así como evaluar su aportación real al empleo y al desarrollo territorial.

El Parlamento pide priorizar sostenibilidad y retorno social

El texto aprobado reclama además impulsar un modelo de desarrollo tecnológico e industrial que sitúe en el centro la sostenibilidad, la soberanía energética, el equilibrio territorial y el retorno social de las inversiones.

La resolución defiende que el interés general debe prevalecer frente a estrategias “cortoplacistas” de captación de inversiones.

La iniciativa partía de una propuesta impulsada por Contigo-Zurekin, formación que durante el debate parlamentario advirtió de los elevados consumos energéticos y de agua asociados a este tipo de infraestructuras.

Protección de datos y normativa europea

La resolución incorpora además un tercer punto añadido mediante una enmienda presentada por el PSN.

En él se solicita estudiar fórmulas para garantizar la protección de los datos de la ciudadanía navarra almacenados en este tipo de centros, asegurando que su gestión y tratamiento se ajusten a la normativa y principios legales de la Unión Europea.

El Parlamento reclama así analizar tanto la custodia como el uso de la información almacenada en los CPDs.

Dudas sobre empleo y consumo de recursos

En la exposición de motivos, Contigo-Zurekin defendió la necesidad de valorar de forma global este tipo de proyectos tecnológicos, más allá de la inversión inicial anunciada por las empresas impulsoras.

La formación sostiene que el impacto en la creación de empleo “se reduce significativamente” una vez finaliza la fase de implantación y comienza la actividad ordinaria de los centros.

Además, alertó de que el elevado consumo de electricidad, agua y suelo puede entrar en competencia con otros usos productivos y sociales, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático y los episodios de estrés hídrico.