La Ley Foral 19/2019 de 4 abril, de protección de los animales de compañía en Navarra, prevé la creación del Comité de Consulta de Protección Animal como órgano de consulta y asesoramiento para el estudio y propuesta de las principales acciones para la tenencia responsable y la lucha frente al maltrato y el abandono de los animales de compañía. No es una cuestión menor. Es una cuestión de legalidad, pero también de sensibilidad hacia quienes trabajan cada día por el bienestar animal en Navarra y, por supuesto, hacia los animales.

Han pasado casi siete años desde la aprobación de la citada Ley y más de tres desde que se aprobó el decreto que regula la composición y funciones del comité de consulta, órgano llamado a emitir informes, proponer planes y articular la participación de asociaciones y profesionales. Sin embargo, hasta el momento, el comité no ha tenido actividad, no podido hacer su función ni ha celebrado las sesiones que la norma exige.

Lo digo con claridad: no estamos ante un simple retraso técnico. Estamos ante un incumplimiento continuado en el tiempo de un mandato legislativo.

Ante esta situación, entre las razones -o, mejor, excusas- dadas por el Consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente están la voluntad de hacerlo “bien” y no “rápido” y la supuesta falta de asociaciones inscritas como entidades colaboradoras. Incluso ha llegado a afirmar que Navarra fue la primera comunidad en aprobar una ley de protección animal en 2019, algo que no es exacto, pues otras comunidades ya contaban con normativa específica con anterioridad. Pero lo más grave no es ese error, sino el intento de trasladar la responsabilidad del retraso a las propias asociaciones de protección o a colaboradoras.

Algunas de estas últimas han remitido una carta abierta al propio consejero y a los grupos parlamentarios en la que detallan datos que conviene recordar. La ley entró en vigor el 11 de julio de 2019 y otorgaba un año para su desarrollo reglamentario. Sin embargo, el desarrollo reglamentario no se aprobó hasta el 30 de noviembre de 2022. No hablamos de unos meses, sino de 872 días de retraso sobre el plazo legal.

Además, la figura de “entidad colaboradora”, requisito para participar en el comité, no estuvo operativa hasta marzo de 2023. Es decir: durante casi cuatro años las asociaciones no pudieron ni siquiera inscribirse, pese a lo cual se llegó al 2024 con nueve entidades reconocidas, cifra que el Departamento consideró suficiente. Y, aun así, el comité no se ha convocado durante este tiempo.

En febrero de 2025 se hablaba del comité de Comité de Consulta como un órgano “en proceso de constitución”. El 24 de junio de 2025 se firmó la orden foral nombrando a sus miembros, publicada el 1 de agosto. Desde entonces, el Comité de Consulta de Protección Animal tenía nombres y apellidos. Pero meses después seguía sin celebrarse la reunión constitutiva, con el ya habitual “en fechas próximas” y sumando casi 7 años de retraso.

¿Cuántos años necesita un Gobierno para convocar la primera reunión de un órgano cuyos miembros ya están nombrados?

Lo que más me preocupa es el efecto de esta parálisis. Sin Comité de Consulta no hay participación estructurada de las asociaciones, no hay propuestas formales en materia de tenencia responsable o lucha contra el abandono y no hay coordinación real entre la administración y este sector. ¿Se gobierna en bienestar animal sin el órgano consultivo que la propia ley diseñó para garantizar transparencia y colaboración?

Las asociaciones lo han expresado con contundencia: no aceptan que se les responsabilice de un retraso que no provocaron. Yo comparto esa preocupación. No podemos señalar a quienes sostienen con voluntariado y recursos propios buena parte del trabajo diario en protección animal, cuando, además, han respondido con rapidez en cuanto se les permitió participar.

Desde UPN defendemos que la protección animal exige algo más que declaraciones. Exige cumplir los plazos, desarrollar la normativa y activar los órganos previstos. No basta con aprobar una ley si luego se desarrolla tarde y se aplica con desgana.

Celebro que, tras la insistencia de las asociaciones y de Unión del Pueblo Navarra, se haya anunciado la primera convocatoria del Comité de Consulta. Pero no podemos normalizar que cada avance llegue con años de retraso y tras una presión constante. La Ley Foral 19/2019 obliga al Gobierno a ejecutar, coordinar y desarrollar lo establecido en ella. Esa responsabilidad es indelegable.

La protección de los animales de compañía no es una cuestión ideológica. Es una cuestión de legalidad y de coherencia institucional. Si el Parlamento aprueba una ley, el Gobierno debe cumplirla. Y debe hacerlo sin excusas, sin desviar responsabilidades y sin convertir la participación en una simulación.

Por mi parte, seguiré exigiendo lo que considero básico en cualquier democracia: que se respete la ley y que se escuche de verdad a quienes defienden a los animales en Navarra.

Fdo. Félix Zapatero Soria. Parlamentario de UPN