La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa entre 2019 y 2023 el periodo en el que Santos Cerdán y su entorno familiar obtuvieron el mayor rendimiento económico de las actividades que investiga el Tribunal Supremo.

Ese intervalo coincide con la etapa en la que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes y con los primeros años de Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

El nuevo informe patrimonial, incorporado a la causa judicial, calcula que Cerdán y su entorno obtuvieron beneficios por importe de 323.178,41 euros entre 2015 y 2024, una cifra que los investigadores relacionan principalmente con la actividad de Servinabar, empresa que la Guardia Civil considera vinculada al exdirigente socialista y al empresario Antxon Alonso.

Servinabar concentró casi todos sus ingresos en Acciona

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es la evolución de la facturación de Servinabar. Según la UCO, entre 2018 y 2021 la empresa obtuvo la inmensa mayoría de sus ingresos de Acciona, hasta el punto de que en 2019 esa compañía representó el 95,72 % de la facturación y en 2020 alcanzó el 99,81 %.

Los investigadores consideran que esa dependencia económica resulta relevante dentro de la investigación sobre las adjudicaciones públicas que se encuentran bajo examen judicial.

Ingresos en efectivo sin origen determinado

El análisis patrimonial también recoge 18.261 euros en ingresos en efectivo realizados entre 2014 y 2017 cuyo origen no ha podido ser acreditado con la documentación revisada.

Para la Guardia Civil, esos movimientos podrían responder a una fuente de ingresos no declarada, una cuestión que continúa siendo objeto de investigación. El informe añade además que, a partir de 2019, se aprecia una reducción tanto en las retiradas de efectivo como en el uso de tarjetas bancarias, una evolución temporal que los agentes hacen coincidir con el periodo investigado.

Una compra inmobiliaria que no llegó a completarse

Entre los movimientos patrimoniales analizados figura también la negociación para adquirir una vivienda en Madrid por un importe cercano al millón de euros.

La operación, iniciada entre finales de 2021 y principios de 2022, finalmente no llegó a cerrarse después de que la parte vendedora desistiera de la venta.

Un informe incorporado a la investigación judicial

El documento forma parte de las diligencias que instruye el Tribunal Supremo y recoge las conclusiones de la UCO tras el análisis de la documentación económica y patrimonial examinada.