El sindicato LAB ha vuelto a exigir al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra que adopte medidas para corregir la financiación de los salarios de las trabajadoras familiares que prestan servicio en los servicios sociales de base.

La organización sindical asegura que este colectivo continúa sufriendo un agravio comparativo respecto a otros profesionales del ámbito público y critica la falta de avances tras la respuesta recibida por parte de la Administración el pasado mes de marzo.

Según explica LAB, hace un año solicitó explicaciones al Departamento sobre esta situación mediante una instancia formal. Tras no obtener respuesta, recurrió al Defensor del Pueblo, lo que motivó una contestación posterior del Ejecutivo foral.

Un análisis anunciado pero sin resultados

En marzo, el Departamento comunicó al sindicato que iba a realizar un análisis sobre la metodología empleada para calcular los costes de financiación de este personal y estudiar posibles modificaciones.

Sin embargo, LAB denuncia que han transcurrido tres meses desde aquel compromiso sin que se hayan dado a conocer conclusiones ni cambios concretos.

Por este motivo, el sindicato considera que la situación sigue sin resolverse y reclama una actuación inmediata.

El origen de la reclamación

La organización sindical explica que el Decreto Foral 48/2020 establece que la Administración debe financiar los salarios del personal de los servicios sociales de base de forma equiparable a los de la plantilla del Gobierno de Navarra.

Mientras que perfiles como personal administrativo, trabajadores sociales o educadores sociales cuentan con una financiación equivalente a la de puestos similares dentro de la Administración foral, LAB sostiene que la situación es diferente en el caso de las trabajadoras familiares.

El sindicato argumenta que, al no existir esta figura profesional en la plantilla del Gobierno de Navarra, su financiación se ha equiparado a la de otros puestos de nivel D, como conserjes o personal de servicios generales.