Antxon Alonso, administrador de Servinabar, ha comparecido este martes ante el Parlamento de Navarra en el marco de la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, aunque ha optado por no responder a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios.

El empresario ha justificado su decisión en el hecho de encontrarse investigado en una causa penal que se tramita en el Tribunal Supremo. Por este motivo, y siguiendo el criterio de su defensa, ha anunciado desde el inicio que ejercería su derecho a no declarar.

Antes de comenzar el turno de preguntas, Alonso ha leído un breve escrito en el que ha expresado su respeto al papel del Parlamento en el control de la actuación pública y la defensa del interés general, aunque ha advertido de que el objeto de la comisión coincide en gran medida con el procedimiento judicial en curso.

Un silencio solo interrumpido en momentos puntuales

A lo largo de un interrogatorio que se ha prolongado durante cerca de una hora, el administrador de Servinabar ha mantenido su negativa a contestar a las cuestiones planteadas por el portavoz de UPN, Javier Esparza.

“Le contestaría muy a gusto a casi todas, pero me acojo a lo que me ha dicho mi letrado”, ha señalado Alonso en uno de los momentos en los que ha tomado la palabra para reiterar su postura.

No obstante, sí ha respondido a una pregunta concreta para asegurar que no conoce a Jesús Polo, quien fue presidente de la mesa de contratación de las obras de los túneles de Belate, adjudicadas a la UTE integrada por Acciona, Servinabar y Osés.

“He respondido a esta pregunta no por cambiar mi modelo aquí, sino porque es una pregunta a la que respondí también en el Senado y por cortesía con ustedes”, ha explicado, antes de volver a acogerse a su derecho a guardar silencio.

Las acusaciones planteadas por UPN

Durante su intervención, Esparza ha recordado que la comparecencia de Alonso se produce por su vinculación con una empresa “investigada como parte fundamental de una presunta trama corrupta que recibía mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública”.

El portavoz regionalista ha subrayado que las investigaciones no solo afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, sino también al Ejecutivo foral y, a su juicio, “al dinero de todos los navarros”.

Una parte relevante del interrogatorio ha girado en torno a la relación entre Servinabar y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tras un documento hallado por la UCO de la Guardia Civil que atribuye a este último un 45% de la propiedad de la empresa.