La segunda fase del Canal de Navarra avanza con un paso administrativo clave. El Consejo de Administración de CANASA aprobó el pasado lunes 16 de marzo en Artajona los precios máximos y los bienes y derechos afectados por las obras, un trámite imprescindible para poder iniciar la licitación en el año 2026.

Se trata de una decisión técnica, pero de gran impacto, ya que establece el marco económico para la adquisición de terrenos y abre la puerta a uno de los proyectos hidráulicos más importantes de Navarra en las últimas décadas.

Más de 1.500 expedientes en la Ribera

La actuación aprobada afecta a alrededor de 1.500 expedientes vinculados a parcelas y propiedades necesarias para ejecutar las obras. Estas se distribuyen en varios municipios de la Ribera Navarra, concretamente en Pitillas, Ujué, Santacara, Mélida, Valtierra, Arguedas, Tudela, Corella, Cintruénigo, Cascante y Tulebras, además del territorio de las Bardenas Reales.

Las afecciones alcanzan a distintos tipos de uso del suelo, desde tierras de cultivo —tanto de regadío como de secano— hasta explotaciones de frutales, olivar o frutos secos, además de huertas, pastos, edificaciones y zonas urbanas. También se contemplan terrenos vinculados a ríos o corrientes de agua.

El objetivo es definir con precisión qué bienes serán necesarios para el desarrollo de la infraestructura y en qué condiciones económicas se abordará su adquisición.

Un presupuesto de más de 7,5 millones de euros

El acuerdo fija un importe máximo global de 5,84 millones de euros para la adquisición de los bienes y derechos afectados. A esta cantidad se suma una previsión adicional del 30%, es decir, más de 1,75 millones de euros, destinada a cubrir posibles contingencias e indemnizaciones derivadas del proceso expropiatorio.

En total, el presupuesto aprobado asciende a 7.598.697,08 euros, una cifra que permitirá afrontar con garantías las negociaciones y asegurar el desarrollo del proyecto dentro de los márgenes económicos previstos.

Seguridad jurídica y negociación con los propietarios

La aprobación responde a lo establecido en la legislación vigente en materia de suelo y expropiación forzosa. Además, busca facilitar un proceso de negociación amistosa con los propietarios, garantizando tanto la seguridad jurídica como el control presupuestario de la actuación.

Este paso es considerado imprescindible antes de sacar a concurso las obras, ya que permite concretar las condiciones económicas y administrativas sobre las que se sustentará el proyecto.