Inversión y garantía de protección de datos

El convenio contempla una inversión de 50.000 euros, financiada a partes iguales entre ambas instituciones. Este presupuesto permitirá desarrollar una herramienta adaptada a los estándares actuales de seguridad digital.

Uno de los aspectos clave del proyecto es el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. La nueva aplicación garantizará una mayor confidencialidad en el tratamiento de la información.

Además, el sistema permitirá controlar mejor el acceso a los expedientes y evitar posibles errores en la transmisión de datos sensibles.

Un proyecto con horizonte hasta 2027

El convenio firmado estará vigente hasta finales de 2027. Durante este periodo se prevé completar la implantación de la nueva aplicación y su puesta en funcionamiento.

No obstante, el acuerdo incluye la posibilidad de prorrogarse hasta 2029 mediante renovaciones anuales si ambas partes lo consideran necesario.

Este calendario permitirá adaptar progresivamente la herramienta a las necesidades reales de las instituciones y mejorar su rendimiento con el paso del tiempo.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Navarra y el Defensor del Pueblo refuerzan su compromiso con unas instituciones más eficaces y adaptadas a los retos digitales, mejorando la atención a la ciudadanía y la gestión interna de la información.

La puesta en marcha de esta nueva aplicación supone un avance significativo en la digitalización de la administración pública, con el foco puesto en la mejora del servicio y la transparencia.

Se trata de un paso más dentro de una estrategia más amplia orientada a modernizar los procesos y facilitar la relación entre instituciones, con un impacto directo en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

La evolución tecnológica y la experiencia acumulada han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia sistemas más integrados, que permitan responder con mayor rapidez y precisión a las demandas sociales.

Este proyecto se enmarca en esa línea de trabajo, apostando por soluciones digitales que mejoren la gestión pública sin perder de vista la protección de los derechos de la ciudadanía.