Después de escuchar en Televisión Digital de Navarra el debate final de la Comisión de Investigación sobre los túneles de Belate, uno no puede evitar hacerse una pregunta muy sencilla: ¿para esto han servido tantos meses de trabajo y tantas sesiones?

Porque, sinceramente, la sensación que queda es la de haber asistido a una larguísima discusión cuyo resultado ya estaba escrito antes de que compareciera el primer testigo.

Los partidos que sospechaban que detrás de la adjudicación podía haber corrupción siguen pensando exactamente lo mismo. Los partidos que defendían que no la había siguen defendiendo exactamente lo mismo. Y entre unos y otros, los ciudadanos nos quedamos contemplando un espectáculo político que, más que una investigación parlamentaria, ha acabado pareciéndose demasiado a un debate de campaña electoral.

UPN habla de "indicios absolutamente claros" y de "mentiras constantes". PP sostiene que la acumulación de irregularidades impide descartar la corrupción. Vox afirma que el procedimiento estaba "viciado" desde el origen.

Por el otro lado, PSN asegura que no existe "ninguna prueba de corrupción", que no hay mordidas, ni amaños, ni pagos ilegales. EH Bildu insiste en que no se ha encontrado "ni una sola prueba". Geroa Bai recuerda que la comisión nació para acreditar hechos y que esos hechos no se han acreditado. Contigo Zurekin concluye que existen malas prácticas, pero no pruebas que permitan afirmar que hubo corrupción.

Y después de escucharles a todos, uno tiene la impresión de que cada grupo político ha utilizado las mismas comparecencias para llegar exactamente a la conclusión que ya defendía hace nueve meses.

Ese es el verdadero problema.

No que existan discrepancias. En democracia es normal que existan interpretaciones distintas. Lo preocupante es que una comisión de investigación termine convirtiéndose en una especie de espejo donde cada partido encuentra únicamente aquello que ya estaba buscando.

Si uno escucha a los representantes de UPN, PP y Vox, la comisión ha destapado un conjunto de indicios tan graves que sería irresponsable cerrar el caso. Si escucha a PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, la misma comisión demuestra precisamente lo contrario: que no hay pruebas para sostener las acusaciones de corrupción.

La pregunta que cualquier ciudadano normal podría hacerse es evidente: ¿cómo es posible que después de escuchar a las mismas personas, analizar los mismos documentos y asistir a las mismas sesiones, unos vean una montaña de indicios y otros no vean absolutamente nada?

Quizá porque la comisión no ha funcionado como una herramienta para convencer al adversario, sino como un instrumento para reafirmar a los propios.

Y ahí es donde aparece la sensación de fracaso. Porque una comisión parlamentaria debería servir para esclarecer hechos, no para que cada uno redacte una versión distinta de los mismos hechos.

Al final, los ciudadanos no hemos obtenido una respuesta definitiva. Lo único que sabemos con certeza es que ha habido irregularidades. Eso lo reconocen prácticamente todos. Se habla de procedimientos mejorables, de decisiones discutibles, de informes contradictorios, de controles que no funcionaron como debían y de actuaciones administrativas que generan dudas.

Lo que no sabemos es si esas irregularidades fueron simples errores de gestión o si escondían algo más grave. Y después de nueve meses seguimos sin saberlo. Por eso resulta difícil evitar una cierta frustración.

Porque una comisión de investigación consume tiempo, recursos públicos y enormes cantidades de atención política. Y cuando termina dejando exactamente las mismas posiciones enfrentadas que existían al principio, es legítimo preguntarse si ha cumplido realmente su función.

Tal vez el problema no esté en este caso concreto. Tal vez el problema sea más profundo. Quizá hemos llegado a un punto en el que las comisiones parlamentarias ya no sirven para buscar verdades compartidas, sino para producir titulares, alimentar argumentarios y proporcionar munición política a unos y otros.

Cada grupo sale con un dossier bajo el brazo para demostrar que tenía razón. Pero los ciudadanos seguimos sin saber quién la tiene.

Y cuando una investigación pública termina generando más certezas para los partidos que para la sociedad, quizá sea momento de preguntarse si el sistema está funcionando como debería.

Porque nueve meses después, la principal conclusión parece ser esta: la comisión no ha cambiado la opinión de nadie. Ni dentro del Parlamento ni fuera de él.