Hay coincidencias que desnudan mejor que cualquier discurso las contradicciones de un Gobierno. El mismo día que María Chivite presentaba el anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, el pasado 3 de julio, la plataforma Lurgorri hacía pública en Sorlada su propuesta para frenar la proliferación de proyectos de minas de cobre en Tierra Estella.

Dos noticias sobre el mismo territorio, pero desde perspectivas opuestas.

La ley habla de cohesión territorial, de reto demográfico, de sostenibilidad y de participación. Sin embargo, cabe preguntarse en qué momento, durante su elaboración, el Gobierno de Navarra olvidó que el medio rural no es un espacio vacío: está habitado por personas que cuidan la tierra, mantienen vivos los pueblos y quieren seguir viviendo en ella.

Personas que aman una tierra demasiadas veces olvidada, pero que, pese a ello, luchan por conservar su paisaje, sus acuíferos, su biodiversidad y un modo de vida que no puede medirse únicamente en términos de rentabilidad económica.

La Presidenta ha afirmado en alguna ocasión que los pueblos no pueden ser una postal. Tiene razón. Pero tampoco un Gobierno puede vivir de titulares ni de leyes cargadas de buenas intenciones que se vacían de contenido cuando llegan las decisiones que realmente transforman el territorio.

Porque la cohesión territorial no consiste en redactar una ley mientras se recibe con los brazos abiertos a grandes empresas extractivas, como si Navarra protagonizara una nueva versión de Bienvenido, Mister Marshall. En los últimos años hemos asistido a la proliferación de macrogranjas, plantas de biometanización y ahora proyectos de minería de cobre, siempre envueltos en promesas de desarrollo, inversión y empleo.

Sin embargo, el desarrollo del medio rural no puede reducirse a atraer cualquier inversión. Necesita un modelo económico diversificado, arraigado al territorio y construido con quienes viven en él. La agricultura, la ganadería, las pequeñas empresas, la economía social o incluso iniciativas como el agroturismo pueden contribuir a ese equilibrio, pero ninguna actividad, por sí sola, garantiza el futuro de los pueblos. Mucho menos aquellas cuya lógica consiste en extraer recursos y trasladar los beneficios fuera del territorio.

La historia de explotaciones mineras como Río Tinto nos recuerda que los beneficios suelen ser temporales, mientras que las consecuencias ambientales y sociales pueden perdurar durante décadas. Por eso la prudencia, la participación y la evaluación rigurosa no son un obstáculo al desarrollo: son una obligación democrática.

No se combate la despoblación convirtiendo el medio rural en un territorio de sacrificio. No se fija población poniendo en riesgo los recursos naturales de los que dependen la agricultura, la ganadería o, sencillamente, la calidad de vida de quienes allí residen. Y no se puede hablar de participación sin escuchar a las vecinas y vecinos antes de decidir el futuro de sus pueblos.

La verdadera riqueza del medio rural no está bajo tierra. Está sobre ella: en las personas que la trabajan, la cuidan y la defienden cada día.

Si el Gobierno de Navarra quiere hacer de la cohesión territorial algo más que un buen titular, o la bandera de turno, debe empezar por abandonar la lógica del extractivismo, revisar las declaraciones de impacto ambiental aprobadas de espaldas al territorio y entender que proteger el medio rural es también proteger a quienes lo habitan. Porque sin territorio vivo, sin participación y sin comunidades con capacidad para decidir su futuro, no habrá desarrollo rural posible, por muchas leyes que se aprueben.

Firmado:

Neniques Roldán Marrodán
Mikel Gonzalez-Echeverri Peñagaricano
Antonio Jiménez Millán
Julián Labayen
Luis Arlaban

Miembros del Círculo de Lizarraldea de Podemos Ahal Dugu