La ampliación de Sarriguren es uno de esos proyectos que pueden cambiar por completo la realidad del Valle de Egüés y, en buena medida, la de toda la comarca de Pamplona. Las 6.000 viviendas previstas supondrían, según las estimaciones manejadas por el Ayuntamiento, la llegada de alrededor de 15.000 nuevos habitantes. Son cifras importantes que obligan a pensar no solo en cuántas casas se van a construir, sino también en cómo será la vida de quienes vivan allí.

La necesidad de vivienda es evidente. Muchas familias y, especialmente, muchos jóvenes tienen dificultades para acceder a una vivienda a un precio razonable. Por eso, el debate no debería plantearse como una oposición entre construir o no construir. La cuestión fundamental es otra: cómo hacer ese crecimiento de manera ordenada y asegurando que las infraestructuras y los servicios acompañen a la llegada de nuevos vecinos.

Y en este punto resulta inevitable mirar al pasado. La primera expansión de Sarriguren supuso un crecimiento residencial muy rápido. Con el tiempo fueron llegando colegios, servicios, conexiones y otras dotaciones, pero en algunos casos los vecinos tuvieron que esperar para disponer de infraestructuras que una población creciente necesitaba desde el principio. No se trata de buscar ahora culpables ni de revisar cada decisión tomada entonces. Basta con reconocer una experiencia que debería servir para planificar mejor el futuro.

Una vivienda puede construirse relativamente rápido. Una escuela, un centro de salud, una carretera o una línea de transporte público requieren planificación, financiación, proyectos y tiempo. Por eso, si el nuevo desarrollo incorpora a miles de personas, las dotaciones no pueden considerarse un asunto secundario o algo que se resolverá más adelante.

La idea de desarrollar las viviendas por fases tiene sentido precisamente por eso. No para frenar el crecimiento, sino para intentar que la construcción de viviendas avance de forma acompasada con los servicios necesarios. Reservar suelo para un equipamiento es importante, pero no es lo mismo que tenerlo construido y funcionando. Para una familia, la diferencia entre ambas cosas puede significar años de espera.

La movilidad debería ser otra de las prioridades desde el primer momento. Los accesos anunciados, junto con el transporte público y las conexiones peatonales y ciclistas, tienen que formar parte de una planificación global. Quienes ya viven en Sarriguren conocen las dificultades que puede generar una conexión insuficiente con Pamplona y con el resto de municipios del entorno. Añadir miles de desplazamientos sin resolver antes esas cuestiones supondría trasladar al futuro un problema que ya conocemos.

También será importante decidir qué tipo de viviendas se construirán. La posibilidad de que una parte significativa sea vivienda protegida puede contribuir a que el nuevo desarrollo sea accesible para jóvenes y familias. El porcentaje concreto y los criterios que se establezcan forman parte del debate legítimo entre las administraciones y los grupos políticos, pero el objetivo debería ser que el resultado responda a las necesidades reales de quienes buscan una vivienda.

Más allá de las diferencias políticas, hay otra cuestión que merece atención: la coordinación entre las administraciones. El Ayuntamiento del Valle de Egüés ha expresado sus discrepancias sobre la forma en que se ha presentado y tramitado el proyecto, mientras que diferentes grupos políticos han reclamado mayor información y participación. Esas diferencias forman parte de cualquier proceso democrático, pero sería deseable que no terminaran convirtiéndose en un obstáculo para alcanzar acuerdos.

Un proyecto de estas dimensiones necesita que Gobierno de Navarra y Ayuntamiento trabajen juntos desde el principio. El Gobierno foral tiene sus competencias y responsabilidades, pero el Ayuntamiento conoce de primera mano las necesidades del municipio y los problemas que pueden aparecer sobre el terreno. Escuchar esas aportaciones antes de tomar las decisiones principales debería ser una garantía, no un inconveniente.

También sería conveniente aclarar desde el principio quién construirá y financiará cada equipamiento, qué administración asumirá después su mantenimiento y cuáles serán los plazos previstos. Los compromisos deben poder comprobarse y exigirse con independencia de quién gobierne en cada momento.

Sarriguren tiene ante sí una oportunidad importante. Puede crecer y contribuir a solucionar parte del problema de acceso a la vivienda, pero también puede demostrar que es posible planificar una expansión urbana pensando primero en las personas que van a vivir en ella.

Si las previsiones se cumplen, el Valle de Egüés podría experimentar una transformación enorme. Ser una de las localidades más pobladas de Navarra no debería medirse únicamente por el número de viviendas construidas. También por la capacidad de ofrecer colegios suficientes, atención sanitaria, transporte eficaz, espacios públicos y servicios municipales adecuados.

No hace falta estar a favor o en contra de ningún partido para pedir algo tan sencillo: que las administraciones se entiendan, que los vecinos sean escuchados y que los compromisos tengan plazos y financiación.

La vivienda hace falta. El desarrollo también. Pero crecer bien significa algo más que levantar edificios. Significa conseguir que, cuando lleguen los nuevos vecinos, lleguen también los servicios que necesitan. Sarriguren ya tiene la experiencia de una expansión anterior. Sería una pena no aprender de ella.