El pleno municipal ha vivido uno de los debates más tensos de los últimos meses en torno al servicio de bicicletas eléctricas en Pamplona, actualmente paralizado. La discusión evidenció una fuerte división política sobre el origen del problema y sobre cómo debe recuperarse el sistema de movilidad sostenible.

UPN defendió una declaración para reprobar al concejal de Movilidad, Borja Izaguirre, al que acusa de desinformación y mala gestión. Sin embargo, el equipo de gobierno respondió con dureza y trasladó la responsabilidad al modelo creado en el mandato anterior.

UPN acusa al gobierno de mala gestión y falta de transparencia

El concejal de UPN, José Luis Silgado, abrió el debate asegurando que la ciudad se ha quedado sin bicicletas por una gestión fallida. “El servicio que estamos dando no es adecuado”, recordó, citando palabras pronunciadas previamente por el propio equipo de gobierno.

Silgado defendió que el intento de solucionar el problema terminó fracasando. “Fracasó de nuevo y dejó usted a Pamplona sin bicicletas”, afirmó durante su intervención.

El edil regionalista acusó además al gobierno municipal de ocultar información tanto a la oposición como a la ciudadanía. Según su versión, hubo “incongruencias, falta de información y oscurantismo” sobre la situación real del servicio.

UPN también cuestionó la gestión económica del contrato y pidió aclaraciones sobre pagos pendientes y sobre el uso de los fondos europeos vinculados al sistema.

El gobierno municipal responsabiliza al modelo anterior

La respuesta del gobierno fue inmediata. Desde el equipo municipal se insistió en que el problema no empezó en este mandato, sino en el diseño del contrato inicial.

La concejala socialista Marina Curiel defendió que el sistema ya presentaba fallos estructurales desde su origen. Según explicó, el servicio se adjudicó como un modelo prácticamente sin coste público que finalmente resultó inviable.

“Ni era coste cero, ni era sostenible, ni era viable”, afirmó Curiel, que señaló directamente a Navarra Suma, coalición que integraban UPN y PP, como responsables del planteamiento inicial.

También recordó que desde los primeros meses aparecieron irregularidades y tensiones económicas que terminaron afectando al servicio.

Acusaciones de ocultación de información

El debate subió de tono cuando desde el gobierno se acusó a los responsables anteriores de haber ocultado problemas financieros del sistema.

El concejal Joxe Abaurrea fue especialmente contundente y lanzó una pregunta directa a UPN: “Explique por qué razón usted y la señora Ibarrola ocultaron que el sistema estaba enfermo”.

Según defendió, cuando el actual gobierno accedió al área descubrió que la empresa había reclamado al Ayuntamiento un desequilibrio económico superior al medio millón de euros.

Para Abaurrea, ese dato era clave para entender el colapso posterior del servicio.