Los vecinos: un barrio, un ayuntamiento

En medio de la negociación institucional está la posición de quienes viven en Erripagaña. Una encuesta realizada a principios de 2026 entre residentes de las zonas pertenecientes a Pamplona, Burlada y Huarte mostró una clara preferencia por superar la fragmentación administrativa.

Según los resultados difundidos por el Ayuntamiento de Pamplona, el 92% de las personas consultadas prefería que Erripagaña perteneciera a un único municipio y el 77% señalaba Pamplona como opción. El estudio se realizó mediante 702 entrevistas presenciales a mayores de 15 años y ponderó el peso poblacional de cada municipio. La encuesta, no obstante, no incluyó a residentes de la parte perteneciente al Valle de Egüés.

La reclamación vecinal tampoco se limita a cambiar las fronteras. Durante los últimos años las protestas han puesto el foco especialmente en las dotaciones y en los problemas derivados de que un mismo barrio dependa de cuatro administraciones diferentes.

Valle de Egüés pone el foco en las dotaciones

Precisamente ahí aparece una posición diferente. La alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas, defendió esta semana en una entrevista en Televisión Digital de Navarra que el problema de fondo de Erripagaña no puede reducirse a decidir a qué ayuntamiento debe pertenecer.

Peñas sostiene que buena parte del descontento vecinal procede de la falta de las dotaciones que necesita el barrio y considera que, de haberse desarrollado servicios como un centro de salud, instalaciones deportivas o un centro cultural, la demanda de integración en un único municipio posiblemente no tendría la misma intensidad.

La posición del Valle de Egüés introduce además otra cuestión: las condiciones económicas en las que un municipio estaría dispuesto a renunciar a su parte de Erripagaña. Peñas cuestiona que las compensaciones planteadas cubran realmente la pérdida de ingresos que supondría desprenderse de esta población y reclama que cualquier decisión tenga en cuenta tanto las cuentas municipales como la opinión de los vecinos.

Su planteamiento permite separar dos debates que hasta ahora han avanzado unidos: Erripagaña necesita resolver sus carencias de servicios, pero eso no implica necesariamente que las dotaciones deban esperar hasta que se resuelva definitivamente su mapa administrativo.

Las dotaciones no pueden esperar

Esa idea está cobrando peso en el debate político. Contigo-Zurekin ha planteado que los presupuestos municipales de 2027 empiecen ya a afrontar nuevas infraestructuras sin esperar a que termine la negociación sobre las fronteras.

Su propuesta consiste en repartir las inversiones según el peso poblacional que cada municipio tiene en Erripagaña: aproximadamente un 41% para Burlada, un 33% para Pamplona, un 20% para Valle de Egüés y un 6% para Huarte. Entre las actuaciones que considera prioritarias figuran una pista polivalente y la cobertura de canchas deportivas por parte de Burlada y la construcción de un Civivox-Unidad de Barrio por Pamplona.

La coalición plantea además estudiar que Pamplona pueda gestionar provisionalmente algunos servicios básicos, como limpieza, zonas verdes o seguridad, mediante encomiendas del resto de ayuntamientos, manteniendo el reparto de costes.

A más largo plazo propone una consulta popular para que sean los vecinos quienes decidan qué municipio debe asumir Erripagaña, pero condicionada a que previamente quede garantizado que ninguna de las entidades afectadas vea comprometida su viabilidad económica. También plantea una futura ley foral que dé cobertura al proceso.

EH Bildu, por su parte, presentó antes del verano un plan que apuesta directamente por incorporar la totalidad de Erripagaña a Pamplona y contempla compensaciones temporales para Burlada, Huarte y Valle de Egüés por la pérdida de territorio y población.

Tres problemas que deben resolverse a la vez

El futuro de Erripagaña tiene así tres grandes frentes abiertos.

El primero es administrativo: determinar si un barrio que funciona físicamente como una unidad puede seguir dependiendo de cuatro ayuntamientos o debe integrarse en uno o dos municipios.

El segundo es económico: establecer cómo se compensaría a los ayuntamientos que cedieran territorio y población y cómo se repartirían tanto las inversiones pendientes como el coste futuro de los servicios.

Y el tercero es probablemente el más inmediato para los vecinos: decidir cuándo llegarán las dotaciones que llevan años reclamando y si su construcción debe continuar vinculada a la negociación territorial o avanzar independientemente de ella.

En algo coinciden los diferentes informes institucionales: el modelo actual presenta problemas. La Cámara de Comptos recomendó reducir el número de administraciones implicadas y el Gobierno de Navarra ha concluido que modificar los límites municipales es económicamente posible, aunque exige resolver sus efectos sobre los municipios afectados.

Lo que todavía no existe es un acuerdo sobre quién debe quedarse con Erripagaña, cuánto debe recibir quien ceda territorio, quién debe financiar las dotaciones pendientes y qué papel tendrá el propio vecindario en la decisión.

La Mesa de Erripagaña de Pamplona intenta ahora construir una primera respuesta. Después llegará probablemente la parte más difícil: sentar en la misma mesa a cuatro ayuntamientos con realidades e intereses diferentes y convertir un barrio que urbanísticamente nació como uno, pero administrativamente nació dividido, en un modelo que pueda funcionar como tal.