La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Marcilla, Rebeca Díaz, ha asegurado que el Gobierno de Navarra trasladó al consistorio durante la crisis vivida el pasado año en torno al Centro de Observación y Acogimiento (COA) que el recurso acabaría abandonando la localidad.

Así lo afirmó durante una entrevista en Televisión Digital de Navarra, donde recordó las reuniones mantenidas con responsables del Departamento de Derechos Sociales tras los incidentes que provocaron una importante preocupación vecinal y situaron a Marcilla en el centro del debate político navarro.

"Tuvimos varias reuniones con la consejera y sí que se nos dijo que el centro lo iban a quitar de Marcilla", afirmó la portavoz regionalista al ser preguntada por la situación actual del recurso.

Las declaraciones de Díaz coinciden con la información trasladada en aquellas reuniones a representantes municipales. Según la versión expuesta entonces por el Departamento de Derechos Sociales, el Gobierno de Navarra estaba trabajando en un nuevo modelo de acogida basado en recursos de menor tamaño distribuidos por diferentes puntos de la Comunidad Foral.

De hecho, durante aquellos encuentros se explicó que el sistema de grandes centros como el existente en Marcilla no estaba ofreciendo los resultados esperados y que se estaban habilitando nuevas alternativas para reorganizar la atención a los menores.

Un centro que llegó a duplicar ampliamente su capacidad

Durante la entrevista, Rebeca Díaz también realizó una valoración de lo ocurrido durante los momentos más complicados vividos en 2025.

La portavoz de UPN aseguró que el centro llegó a encontrarse claramente sobredimensionado, una situación que, a su juicio, contribuyó a agravar los problemas registrados durante aquellos meses. "En aquel momento, hace un año, con los incidentes, el centro estaba sobredimensionado, pero más del doble", afirmó.

Según explicó, el COA dispone de unas cuarenta plazas, aunque durante la crisis llegó a albergar cerca de un centenar de menores. Díaz considera que la acumulación de residentes, unida a un modelo de gestión que posteriormente fue corregido, acabó provocando una situación difícil de controlar.

La edil también quiso diferenciar entre la mayoría de los menores acogidos y quienes protagonizaron los incidentes más graves. En este sentido, defendió que se trataba de una minoría que acabó condicionando la convivencia y la imagen pública del centro.